En tres días, el Warrior recorrió 500 millas (800 km) y penetró en aguas peruanas, donde empezó a buscar los barcos propiedad de la empresa Victoria Del Mar (Vicmar), que en realidad está dirigida y controlada por japoneses. Al cabo de tres días, los tripulantes del Warrior avistaron al ballenero Victoria 7 rumbo al puerto de Paita.
En tierra tenía lugar un acalorado debate respecto de la objeción presentada por Perú ante la IWC. La Unión Peruana de Pescadores votó a favor de la moratoria. Los trabajadores de Vicmar y millares de habitantes de Paita firmaron declaraciones en contra de las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios de Vicmar y en apoyo de Greenpeace. Vicmar respondió diciendo que Greenpeace estaba pagada por una empresa ballenera de EE.UU. El gobierno empezaba a sentir la presión de la opinión pública internacional.
Materializada en una avalancha de telegramas
Las autoridades reaccionaron rápidamente a la presencia de Greenpeace, imponiendo una multa de 3.000 dólares por «uso no autorizado de Zodiacs» después de que Athel von Koettlitz y Raphael Demandre encadena en sus lanchas neumáticas al pasamanos de popa del Victoria 7, aunque más tarde retirarían los cargos.
Sin amilanarse, otros seis miembros de Greenpeace abordaron el Victoria 7 el 13 de diciembre y se encadenaron al cañón arponero. mientras el capitán del Warrior, Peter Willcox, trepaba al mástil del ballenero y colgaba una pancarta desde la cofa.
Como más tarde relataría Campbell Plowden en el Greenpeace Examiner, «Acababa de terminar un día muy caluroso y por la noche, dormimos por turnos junto al arpón inutilizado. Nuestra tranquila guardia se vio bruscamente interrumpida a las 3 a.m. hora en que subieron a bordo unos soldados armados con ametralladoras. Pasamos el día detenidos en la oficina del comandante del puerto, de donde fuimos trasladados, siempre bajo custodia, al Rainbow Warrior, que habían tomado mientras nos detenían a nosotros».
Durante cierto tiempo, la situación fue muy negra. Siguiendo el ejemplo de España, las autoridades peruanas desmontaron la chumacera del Warrior, precintaron el cuarto de radio y colocaron cinco guardias armados a bordo. Los miembros de Greenpeace se enteraron de que corrían peligro de ser acusados de piratería, delito por el que se les podía imponer una pena máxima de 20 años.
Por fortuna, el 17 de diciembre, el fiscal decidió que no había pruebas suficientes para mantener la acusación de piratería, y los activistas de Greenpeace quedaron en libertad con una multa.
Seis meses después, el Warrior estaba empeñado en una nueva acción anti ballenera que, en términos de publicidad, suscitará aún más atención que las primeras expediciones de 1975 y 1976.
Greenpeace volvía a la Unión Soviética, esta vez a Siberia
El objetivo de la misión era filmar la estación ballenera de Lorino, situada en la península de Chukchi, frente a las costas de Alaska, al otro lado del estrecho de Bering. Según el reglamento de la IWC, los soviéticos estaban autorizados a capturar la escasa ballena gris, que a todos los demás efectos estaba totalmente protegida, siempre que la captura la hicieran, mediante técnicas exclusivamente tradicionales, los habitantes de la zona, que así verían facilitada la supervivencia en su riguroso medio ambiente vital. Pero Greenpeace sospechaba que las ballenas se mataban con el único objeto de proporcionar carne barata a visones criados para obtener pieles.
